domingo, 26 de febrero de 2012

Restitución familiar para Carlos Alejandro



Este post fue creado para denunciar las irregularidades del caso de mi hijo, Carlos Alejandro Machín Mastromatteo, manipulado por dos de sus familiares, Ariel Mastromatteo y Carmen Lanza para dejar el seno de su hogar con su madre y hermanos: Estela Mastromatteo, Juan Daniel Machín Mastromatteo y Alicia Margarita Machin Mastromatteo. La falta de escrúpulos de dos abogados, que mienten descaradamente en los expedientes judiciales, la Juez Judith Lobo que firma sin leer a pesar de encontrar informaciones no solo contradictorias, sino completamente opuestas.
Carlos no podemos quedarnos de brazos cruzados, es con tu familia que debes estar, te queremos y no vamos a dejarte en riesgo...



Amigos con el mayor dolor hago esta página, ustedes conocen mi trayectoria, conocen mi comportamiento. Mi vida es un libro abierto. Quiero, adoro a cada uno de mis hijos y quiero lo mejor para ellos. Carlos siempre te querré, pero desde Montevideo no puedo hacer mucho para librarte del sistema judicial venezolano, ni de tus tenebrosos familiares.

Por ejemplo, al tribunal séptimo de Primera instancia de Mediación, Sustantación y Ejecución... etc., Ariel Mastromatteo declara lo siguiente: "... el adolescente tiene 7 años viviendo con él y sus abuelos maternos..." Carlos nunca dejó de vivir conmigo y sus hermanos. Cuando nació vivimos en La Boyera, luego nos mudamos a San Bernardino y luego a San José. Carlos fue sacado abruptamente del hogar en donde se encontraba con su hermana, Alicia Margarita y su padre, cuando la Juez Judith Lobo le dio la tutela a su tío Ariel Mastromatteo, quien tiene problemas psiquiátricos graves desde niño y nunca ha trabajado en su vida.



Carlos lleva dos semanas sin comunicarse con sus familiares...
¿Quién se hace responsable por la salud e integridad de mi hijo?

Sigue la página: https://www.facebook.com/pages/Carlos-Alejandro-secuestrado-por-su-t%C3%ADo-abuela-y-la-juez-Judith-Lobo/110558862401275

sábado, 8 de enero de 2011

Análisis parcial de la Ley de Educación Universitaria aprobada por la Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2010

Preparado por: la Comisión designada por la Universidad del Zulia para el análisis de la ley y la elaboración de propuestas

Este documento presenta el análisis parcial de la ley en dos bloques. El primero adopta la forma de preguntas frecuentes sobre el contenido de la ley y sus efectos sobre los estudiantes, los profesores, los empleados y obreros. El segundo bloque refiere a reflexiones importantes en torno a las disposiciones aprobadas.

Punto Previo:
La LEU es inconstitucional al menos por tres razones. Primero, no se cumplió la consulta obligada que, de los proyectos de leyes, debe hacer la asamblea a los ciudadanos, ciudadanas y a la sociedad organizada (Art. 211 de la Constitución). Segundo, el numeral 1 del artículo 4 de la ley viola la autonomía universitaria, consagrada en el Art. 109 constitucional, pues la reduce a la competencia para dirigir la acción del gobierno universitario y otorga al Ministro de Educación Universitaria (quien no pertenece a las universidades ni es electo por sus comunidades), las facultades para planificar, regular, supervisar y controlar toda la gestión de las universidades.
En tercer lugar, la LEU establece que los programas de formación (antes carreras) contribuirán a superar el modelo capitalista y, a construir el modelo socialista. De esta manera se está imprimiendo una orientación unidireccional de la educación y de todo el sistema universitario, lo cual no es acorde ni con la libertad de cátedra ni con el derecho a la educación en una sociedad democrática previstos en los artículos 102 y 109 de la Constitución, los cuales consagran esa libertad como garantía de la posibilidad de discutir todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática.


Bloque Primero: Preguntas Frecuentes

1. ¿Podrá el estudiante elegir la carrera o los estudios?
No. Sólo podrá estudiar los programas de formación (antes carreras) que contribuyan a dos cosas: Una, superar el modelo capitalista (artículo 8, numeral 6) y, dos, construir el modelo socialista (Art. 64). Esta limitación viola los derechos humanos fundamentales relativos a la libertad de pensamiento, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de elegir (qué carrera estudiar).

La ley, además, señala que todos los programas de formación deberán contener actitudes, valores y capacidades orientadas a la construcción de la patria socialista (Art. 48, numeral 2) y sólo podrán ofrecerse aquellos programas (antes «carreras») creados por el Estado en áreas estratégicas definidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación – Primer Plan Socialista (Art. 60, numeral 1) o, que atiendan áreas consideradas por el gobierno como pertinentes para el desarrollo nacional (Art. 60, numeral 2).

De forma que la música, el arte, la economía, la contaduría, el derecho, entre otras, podrían quedar eliminadas de la oferta de estudios a la que los jóvenes pueden acceder según la ley aprobada.


2. Una vez egresados, ¿Que podrán hacer?
Lo que el Estado les indique de acuerdo a «las prioridades del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación» (Artículo 11, numeral 3, letra s). Es decir, los profesionales no podrán dedicarse al libre ejercicio o aceptar oportunidades de trabajo en el país sino que tendrán que obedecer las directrices del Ministerio. Además no podrán aprovechar alguna oportunidad de estudiar o trabajar en el extranjero pues el Estado podrá evitar que nuestros jóvenes salgan a otro país (a través de «políticas de emigración selectivas», art. 11, numeral 3, letra o). La libertad de hacer con la vida y los esfuerzos de cada uno lo que mejor convenga a los planes personales de progreso es arrebatada por un Estado que decide por nosotros qué hacer de nuestras vidas.
En un mundo en el cual la mayor parte de los países y casi todas las relaciones laborales se rigen por prácticas económicas diversas, esa educación limitará a nuestras jóvenes generaciones porque sus conocimientos sólo servirán en Cuba, Venezuela y Corea del Norte. Se les quitará a nuestros hijos la posibilidad de usar su formación profesional para moverse libremente en el mundo.


3. ¿Se compartirán espacios con otros estudiantes, por ejemplo, con los que forman parte de las Misiones?
Según la ley, se compartirán comedores, aulas de clase, pupitres, laboratorios, reactivos, bibliotecas, equipos tecnológicos con las misiones educativas (artículo 8, numeral 8 y art. 11, numeral 2, letra ñ). ¿El gobierno garantizará el presupuesto adecuado para dotar a las universidades con los recursos necesarios para cumplir con lo establecido en esta norma? En la actualidad, las instalaciones de las universidades no cuentan con suficientes espacios, equipos, servicios o materiales para atender los estudiantes inscritos en ellas.


4. ¿Cómo se evaluará a los estudiantes?
La LEU establece que la formación se desarrollará a través de programas y proyectos; no se aclara como será la evaluación. El artículo 61 de la Ley plantea un único sistema de enseñanza-aprendizaje, que podría limitar la formación del estudiante para realizar las operaciones intelectuales complejas que exige el mercado de trabajo mundial.


5. Quien estudia en el Núcleo LUZ COL o LUZ PUNTO FIJO, ¿seguirá estudiando en LUZ?
De acuerdo con el artículo 30, estos núcleos tal y como están concebidos en nuestra reglamentación interna podrían desaparecer pues el Subsistema de Educación Universitaria se estructurará geográficamente en torno a los Ejes de Desarrollo Territorial definidos por el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Los «núcleos académicos» establecidos en la nueva ley responden a otro concepto; a saber, son «unidades básicas de las instituciones de educación universitaria donde estudiantes de los diferentes programas de formación se integran en torno a proyectos según los problemas de las comunidades».


6. ¿Cómo se obtendrán las certificaciones de notas?
Los estudiantes tendrán que dirigirse al Ministerio en Caracas, o donde éste indique, para realizar este trámite hasta ahora sencillo y necesario para los alumnos en distintos momentos de sus estudios porque el artículo 11, numeral 2, letra t, otorga al Ministro la función de emitir notas y títulos. Otra vez la universidad ve violentada su autonomía pues ni siquiera puede certificar las notas con las que sus propios profesores califican a sus estudiantes. El Ministerio controla la certificación de unas notas que no le conciernen en absoluto, pues el Ministerio no enseña ni educa: lo hace la universidad. La situación es semejante a que usted fuera a verse con su médico y luego tuviera que ir a Caracas, al Ministerio de la Salud, para que le dieran el récipe del tratamiento. ¿Será éste un medio del Gobierno para controlar la salida de los jóvenes profesionales universitarios que deseen estudiar o trabajar en el exterior? (artículo 11, numeral 3, literal o)?


7. ¿Resulta apropiada la denominación de trabajadores académicos utilizada en la LEU para los profesores y profesoras universitarios?
No. Por una parte, esta denominación contraviene lo dispuesto en la Constitución y en Ley Orgánica de Educación aprobada por esta Asamblea Nacional, en la que se contempla la figura de los profesores y profesoras universitarios. Además, este calificativo es contrario al uso comúnmente aceptado en la cultura académica universal.


8. ¿Se protege la libertad de cátedra?
De conformidad con el artículo 17, numeral 2, existe «libertad de cátedra para debatir las corrientes del pensamiento».

Sin embargo, la ley exige que los programas de formación (antes carreras) contribuyan a dos cosas: una, superar el modelo capitalista (Art. 8, numeral 6) y, dos, construir el modelo socialista (Art. 64).

La ley, además, señala que todos los programas de formación deberán contener actitudes, valores y capacidades orientadas a la construcción de la patria socialista (Art. 48, numeral 2) y sólo podrán ofrecerse aquellos programas (antes carreras) creados por el Estado en áreas estratégicas definidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación – Primer Plan Socialista (Art. 60, numeral 1) o, que atiendan áreas consideradas por el gobierno como pertinentes para el desarrollo nacional (Art. 60, numeral 2).

De forma que la libertad de cátedra es sólo un saludo a la bandera que la ley en su conjunto echa por tierra.


9. ¿Donde queda la representación de los profesores ante las autoridades de la Universidad y del Ministerio?
Los representantes de los profesores son «voceras o voceros» ante el Consejo Nacional de Transformación Universitaria, el cual está constituido mayoritariamente por funcionarios designados ejecutivamente (Art. 22 de la Ley), de tal manera que la representación profesoral en ese organismo es sólo un adorno.

El Consejo Universitario desaparece en la Ley y las autoridades universitarias son la Asamblea de Transformación Universitaria y el Consejo Ejecutivo Universitario.

En la Asamblea, la representación de los «voceras o voceros» de los trabajadores académicos (antes profesores) se desconoce pues su conformación queda pendiente de un reglamento posterior que dictará el Ejecutivo nacional y no la Universidad, en detrimento de su autonomía (Artículos. 90 y 91).

En el Consejo Ejecutivo la representación académica se reduce pues serán sólo tres (3) los «voceros» de los profesores.


10. ¿Cómo será regulado el estatuto del personal administrativo y obrero?
Será sujeto a una reglamentación especial por parte del Ejecutivo nacional, de acuerdo a lo previsto en el artículo 111 de la ley. Sin embargo, con relación al personal obrero, existe mayor incertidumbre debido a una contradicción entre los artículos 72 y 73, pues el primero indica que se regulará por la Ley Orgánica del Trabajo y en el segundo se establece que gozará de un sistema de carrera.


11. Con relación a la democracia participativa, ¿Resulta mejor lograda con la nueva ley?
No. El voto del personal administrativo y obrero es un espejismo pues todas las decisiones que interesan dentro de la vida universitaria las toma el Ministro quien tiene, al menos, cincuenta y cuatro (54) atribuciones según el artículo 11 de la Ley y, el Ministro no es electo ni por los trabajadores universitarios ni por los ciudadanos sino que es designado «a dedo» por el Presidente.

Así pues, la democracia participativa es una trampa porque los empleados y obreros tendrán la posibilidad de elegir unas autoridades universitarias que lo son sólo de nombre, pues todas sus competencias, en la nueva ley, se otorgaron al Ministro.


12. ¿Quiénes serán los profesores de la nueva universidad? ¿Cuál será su preparación?
El ingreso y la «carrera académica» de los profesores –o trabajadores académicos, como los denomina la Ley– serán regulados, controlados y supervisados por el Ministerio de Educación Universitaria (art. 11, numeral 2, letra k) cuyos criterios son políticos y no meritocráticos. Ni la universidad ni sus estudiantes tendrán garantía sobre la calidad y la preparación de sus profesores. Seguramente todos serán de pensamiento comunista independientemente de su saber o experiencia y, se perderá la tradición de que sólo los mejores en cada área ingresaban a la Universidad.


Bloque segundo: Otras reflexiones importantes sobre la Ley de Educación Universitaria

La Universidad se considera garantía de progreso, movilidad y ascenso social a través del cumplimiento de aspiraciones personales y familiares. Ahora, el Estado decidirá qué se estudia, la orientación de lo que se estudia y dónde va a trabajar el egresado.

La Universidad hoy está al servicio de la Nación venezolana, mañana estará al servicio del gobierno.

Nuestras universidades han sido el espacio para formar ciudadanos libres, críticos, capaces de expresarse como desean y, no «capitalistas insensibles, egoístas, seguidores del imperio». La mejor prueba de ello es que los autores de la LEU y muchos de los parlamentarios que la aprobaron son egresados de esas universidades y, por esa razón, pueden hoy libremente conocer y adherir una corriente socialista o marxista de pensamiento.

De acuerdo con la LEU, los conocimientos son propiedad y patrimonio del gobierno, no de las personas (Art. 11.2.n).

La certificación de títulos, notas y documentos universitarios la monopolizará el Ministro de Educación Universitaria (Art. 11.2.t).

La participación democrática de empleados, obreros y voceros comunales es una farsa porque el ministro es quien decide todos los aspectos de la vida universitaria (Artículos 11, 17, 111) y el pueblo no elige al ministro.

El personal de la Universidad tendrá como patrón laboral sólo al gobierno. No seremos más trabajadores de la Universidad, sino del Ministerio de Educación Universitaria.

La formación de profesionales servirá para cumplir los objetivos de una patria socialista, es decir, un modelo político comunista, dentro de los planes de desarrollo del país, lo que fue negado en la reforma constitucional de 2007 (Artículos 64 y 48.2).

La Universidad no será gratuita: los estudiantes deberán pagarla con trabajo al servicio de la construcción del socialismo (Artículos 48.13 y 64).

Se elimina la libertad de los profesores para escoger un plan de desarrollo académico y se limitarán a enseñar únicamente lo que haya acordado el Ministerio (Art. 82).

¿Cómo garantizar la calidad de la educación universitaria si los únicos propósitos reales de la ley son el control político de las Universidades y la promoción del pensamiento único?

¿Votamos todos para qué? ¿Para elegir a autoridades universitarias que no tienen ninguna capacidad para decidir, porque todas las competencias las tiene el ministro?

La Universidad necesita el apoyo de las comunidades, pero no para que ellas dejen de recibir el beneficio de la formación de sus hijos como buenos profesionales. La intención de la ley es que las comunidades vayan a las Universidades con un interés político y las Universidades no son partidos políticos.

Los estudiantes tendrán que inscribirse en estructuras hasta ahora desconocidas y obtendrán títulos que podrían no ser revalidados en el resto del mundo.

Los profesores están sujetos a una posible movilidad involuntaria según las necesidades de los planes de formación decididos por el Ministerio de Educación Universitaria (Art. 8.3).

La Universidad no se niega a una revisión de la ley vigente. Sin embargo, existe con la Ley, la Intención de poner a las Universidades al servicio de un proyecto hegemónico socialista.

Maracaibo, 3 de enero de 2011.


Información remitida por el Prof. Johann Pirela, EBA-LUZ

Nota: Esta ley fue vetada por Chávez, por ahora...

García Arocha felicita a Chávez por vetar Ley de Universidades y asegura que "la lucha valió la pena"

Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, se pronunció sobre el veto a la Ley de Universidades anunciada por el primer mandatario nacional la noche de este martes. "Felicito al Presidente por su rectificación, pero esto se debe a las universidad venezolana. Jamás vamos estar al servicio de ningún gobierno, estaremos al servicio del país", dijo. “Le demostraron al presidente Chávez que la Ley de Universidades ‘inconsulta’ violaba el artículo 211 de la Constitución”, expresó la rectora.

En tal sentido, García Arocha felicitó a los estudiantes por su férrea oposición al reglamento aprobado por la Asamblea Nacional durante la madrugada del pasado 23 de diciembre, informó Últimas Noticias.

"La lucha valió la pena"

La rectora García Arocha, tras el anuncio del Presidente Hugo Chávez, en no promulgar la Ley de Universidades, aseguró que fue su “obligación” porque era una legislación “inconstitucional”.


“Teníamos razón las universidades libres, plurales, democráticas y autónomas, la Ley de Universidades violó el articulo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece las competencias de las universidades (…) triunfo la verdad, triunfo el esfuerzo de todos los universitarios que unidos en una sola voz le exigimos al presidente de los venezolanos, que tenia que escuchar a sus universidades” enfatizó Arocha en una entrevista exclusiva para Unión Radio.

Felicitó a todos los estudiantes, a los dirigentes nacionales de este país, “que su lucha valió la pena, al presidente de la FCU un joven de 20 escasos años que supo entender lo que es la autonomía universitaria (…) No nos van a quitar la alegría, no nos van a quitar la esperanza, y la lucha continúa por un país democrático y por una universidad libre y plural, formando jóvenes bien preparados".

Asimismo aseguró que están dispuestos en ir a la Asamblea Nacional para participar en la discusión de dicha legislación, “tenemos la experiencia, la sabiduría y la disposición (…) La Universidad Central de Venezuela y las Universidades autónomas le dieron un gran ejemplo al país, si se puede”.

Universidades siguen alerta

Asimismo, la rectora García Arocha, enfatizó que aunque la Ley de Universidades se vetó seguirán realizando actividades en defensa de las casas de estudio. “Seguimos alerta defendiendo la autonomía, esto es un respiro, no había necesidad de generar esta angustia”.

“Tenemos que dirigirnos a nuestra comunidad como se había planificado, habíamos designado comisiones que se mantendrán. El discurso está orientada la comunidad, que conozca la ley, seguimos alertar defendiendo la autonomía”, expresó en Unión Radio.

García afirmó que persisten en la lucha, para que el instrumento no se haga vía habilitante o no se tomen en cuenta los puntos de vistas de los universitarios, “seguiremos con una reunión con los rectores, tenemos unas actividades para el lunes, y se mantendrán”.

Adelantó que la lucha de todos los que forman parte de la universidad venezolana, “le demostraron al país que cuando se hace una lucha con fuerza y resistencia, puede lograr las cosas”.

“Somos demócratas, tenemos compromiso con el país, las universidades tenemos la obligación de estar al servicio del país, estamos obligados a aportar soluciones y por eso aportamos jóvenes profesionales en carreras para mejorías de Venezuela”.

Fuente: Últimas Noticias y Unión Radio

miércoles, 22 de diciembre de 2010

El nuevo Ebenezer Scrooge venezolano

Desde niña me gustó en particular, de los cuentos de Navidad de Dickens, el de Ebenezer Scrooge. Es un hombre de corazón duro, egoísta, avaro, al que le disgusta la Navidad, los niños o cualquier cosa que produzca felicidad. Dickens lo describe de esta manera: "El frío de su interior le helaba las viejas facciones, le amorataba la nariz afilada, le arrugaba las mejillas, le entorpecía la marcha, le enrojecía los ojos, le ponía azules los delgados labios; hablaba astutamente y con voz áspera".
Ese hombre pudo, a través de los fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras cambiar no solo su vida, sino la vida de las personas más cercanas a él.
Lloro siempre al leer ese cuento emocionada porque creo en la bondad, en el ser humano, en los mejores sentimientos de la Navidad y creo firmemente en el cambio de Ebenezer Scrooge...

Estamos en presencia de un nuevo Scrooge en Venezuela, pero uno que a pesar de todo lo que hace sufrir desde las navidades de hace más de 11 años, no para, no reacciona, no entiende, no recapacita. Un hombre con un resentimiento tan grande que no le permite ver lo feliz que pudiera ser, si hubiera hecho lo que esperábamos por todo un país que confió en él y que ahora lo adversa. Un hombre que merece ser visitado por los fantasmas de la Navidad, pero no puedo afirmar que vaya a cambiar de parecer, sino que seguirá destruyendo uno de los países más hermosos del mundo.

Podría haber pasado a la historia de otra forma, Ebenezer Scrooge, pero será el único con el desmérito de haber acabado completamente con todas las riquezas de un país y como el presidente que más odia la Navidad. Dios lo perdone porque Venezuela no lo hará nunca.

Venezuela en camino a convertirse en “Estado totalitario”, advierte Urosa Savino

El arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino, advirtió que las últimas leyes dadas por la Asamblea Nacional empujan a Venezuela a ser un estado totalitario y señaló que no se necesitaba la Ley Habilitante para enfrentar la emergencia de las lluvias, porque ya hay suficientes herramientas legales.
“Lamentablemente el actual Gobierno va en una línea de copar todos los espacios y por eso decimos que es una línea totalitaria, en ese sentido quieren apoderarse de todo y por eso hacen esas leyes restrictivas que van arrinconando cada vez más a los ciudadanos. Eso es totalmente negativo, no es lo que está en la Constitución y creo que le haría un gran daño al país”, expresó el purpurado al diario Notitarde.
El cardenal pidió a los parlamentarios reflexionar y no dañar más al país “con la aplicación de un esquema de Estado totalitario, que no ha resultado nunca en beneficio del pueblo, sino que más bien ha fracasado”; tal como sucedió en los regímenes marxistas que existieron en Europa y ocurre Cuba, China y Corea del Norte.
Asimismo, pidió no dar normas ni tomar medidas que afecten la libertad de expresión, en referencia a las leyes de Telecomunicación y Responsabilidad Social de Radio Televisión y Medios Electrónicos.
Recordó que “la Constitución existe para que el Estado no apabulle al ciudadano, y los funcionarios deben procurar que la población goce de mejores y más amplios derechos”. “Creo que los venezolanos tenemos que hacer valer nuestros derechos que están consagrados en la Constitución”, señaló.
Durante el encuentro también se refirió a la Ley Habilitante aprobada el viernes 17 y que permite al Presidente Hugo Chávez gobernar por decreto durante 18 meses. El Gobierno dijo que necesitaba esta norma para enfrentar la emergencia por las lluvias.
Esto fue rechazado por el Cardenal Urosa, porque “si la razón de esta herramienta legal es la emergencia por las lluvias, simplemente no hace falta porque existen suficientes leyes para que el Gobierno actúe en favor de los damnificados y se trabaje en la restauración de la vialidad y se construyan viviendas”.
Asimismo, afirmó que en el país “hay suficiente dinero, porque el presupuesto nacional está calculado con el barril de petróleo a 40 dólares y el precio internacional está por los 70 dólares”.
El cardenal también reiteró el compromiso concreto de la Iglesia en ayudar a los miles de damnificados que hay en todo el país, como lo ha venido haciendo hasta ahora, a través de las parroquias, movimientos, congregaciones y demás organismos eclesiales.
Sus palabras fueron respaldadas por monseñor Roberto Lückert, arzobispo de Coro, quien fue entrevistado vía telefónica por Aciprensa.

Fuente: http://www.notizulia.net/noticias/?p=26289

Posición de la Universidad del Zulia ante el Proyecto de Ley de Educación Universitaria aprobado en 1ra discusión por la Asamblea Nacional



Las autoridades de la Universidad del Zulia, en uso de las atribuciones que le otorga la Ley de Universidades y sus reglamentos, tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 2, 102, y 109 de la Constitución Nacional, expresa su más enérgico rechazo al proyecto de Ley de Educación Universitaria, aprobado en 1ra discusión por la Asamblea Nacional en fecha 20-12-10, por su carácter manifiestamente inconstitucional en todo su articulado, y muy reiteradamente en la violación de la esencia universitaria, tal como se observa en los siguientes apectos:

1. Ausencia de consulta del proyecto de Ley a los interesados directos y legítimos, y titulares de derechos difusos.

La constitución en su artículo 211 contempla: La Asamblea Nacional o las Comisiones Permanentes, durante el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de leyes, consultarán a los otros órganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada para oír su opinión sobre los mismos. Tendrán derecho de palabra en la discusión de las leyes los Ministros o Ministras en representación del Poder Ejecutivo; el magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia a quien éste designe, en representación del Poder Judicial; el o la representante del Poder Ciudadano designado o designada por el Consejo Moral Republicano; los y las integrantes del Poder Electoral; los Estados a través de un o una representante designado o designada por el Consejo Legislativo y los y las representantes de la sociedad organizada, en los términos que establezca el Reglamento de la Asamblea Nacional.

2. Direcciona la gestión universitaria hacia un único proyecto ideológico, socialista, contrario a la promoción del pluralismo político crítico, y conceptualiza la educación universitaria como un bien público, dirigido a la consolidación de un Estado Socialista, y no como un servicio público dirigido al respeto a todas las corrientes de pensamiento.

La constitución en su artículo 2 contempla: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, (…) y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

La constitución en su artículo 102 establece: La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. (…) La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. (…)

Con especificidad, los artículos 3 numeral 1, 6 numeral 4, 52 numeral 2, utiliza los términos procesos pedagógicos liberadores, educación universitaria liberadora y transformación cultural educativa, sin definir estos términos, sin embargo el alcance de estos conceptos se refleja en el numeral 6 del artículo 3: “Un proceso de construcción de hegemonía cultural para la superación de la sociedad capitalista”, y cuando expresa en el artículo 8, numeral 6, que en el Subsistema de Educación Universitaria, se consagra la consolidación del vínculo entre la educación emancipadora, y el trabajo creador y liberador como fundamento de los programas de
formación, que contribuyan a superar el modelo capitalista (...).

Como complemento, se establece, como característica general de la educación, la inserción de los estudiantes, desde el inicio de su trayectoria educativa, en el mundo del trabajo para la construcción del modelo productivo socialista (artículo 44, numeral 14), lo que se refuerza con lo determinado en el artículo 60 de la misma ley, que establece que dicho trabajo estará orientado al desarrollo de actividades de producción de bienes materiales, transferencia tecnológica y prestación de servicio.

El término UNIVERSALIDAD, según el artículo 4, es un concepto distante de su verdadero sentido. En el ámbito de la educación universitaria, UIVERSALIDAD se refiere a la diversidad de pensamiento que fluye en ella y entre la cual formamos hombres y mujeres que deben egresar conociendo diferentes modos de vida y poder escoger libremente hacia dónde dirigir sus pasos, y no al sentido que la nueva ley le impone como es un solo camino hacia la consolidación del estado socialista.

Igualmente, el artículo 46, en su numeral 2, dispone, como característica general de la formación integral, las actitudes, valores y capacidades orientadas a la participación en el desarrollo endógeno, integral y sustentable de Venezuela (...) para la construcción de la Patria Socialista.
Esta afirmación violenta el Estado Social de Derecho consagrado en el artículo 2 de la Constitución, que no implica ni conlleva un estado socialista en los términos expresados en la ley.

Todo ello constituye una orientación unidireccional de la educación y de todo el sistema universitario, utilizando la exigencia de la calidad como medio para excluir cualquier tipo de enseñanza que no favorezca la superación de la sociedad capitalista, lo cual no es acorde con el derecho a la educación reconocido en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ni con lo dispuesto en el artículo 102 de la Constitución Nacional.

3. Hegemonía del Estado para planificar, regular, supervisar y controlar toda la gestión universitaria, tergiversando la conceptualización y alcance real de la autonomía universitaria, la cual le permite garantizar el cumplimiento de postulados constitucionales como la pluralidad, el pensamiento crítico, la democracia participativa, la pertinencia social, entre más. De esta manera la universidad se transforma en una dependencia ejecutora de las decisiones del gobierno central.

La constitución en su artículo 109 contempla: El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. (…)

Con especificad, la autonomía universitaria, en el numeral 1 del artículo 4 de la ley, queda limitada a la competencia para dirigir la acción de gobierno universitario, excluyendo del concepto lo relativo al funcionamiento y administración, al derecho a la búsqueda del conocimiento como parte esencial de la misma, a la planificación, organización, elaboración y actualización de los programas de investigación, docencia y extensión, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución.

Los artículos 11 y 17 de la Ley le adjudican al Ministerio de Educación Universitaria las facultades para planificar, regular, supervisar y controlar toda la gestión universitaria. Así mismo, la ley le otorga al Ejecutivo Nacional facultades para reglamentar: Los estudios no conducentes a títulos o grados; la obtención de certificaciones previas a la obtención del titulo o grado por parte de los estudiantes; lo relativo a la educación avanzada que comprende los programas de postgrado y otras formas de educación continua para egresados y egresadas universitarios; los estudios de educación avanzada no conducente a título; los procesos electorales; los órganos de gobierno universitario (artículo 37, 38, 39, 43, 80, 83).

Los programas nacionales de formación también serán creados por el Ejecutivo Nacional, quien deberá a su vez aprobar los programas interinstitucionales e institucionales (artículo 56).

Así mismo, del numeral 5 del artículo 4, se observa la violación de los lineamientos expresados en la vigente Constitución Nacional sobre los requisitos de “aptitud” y “vocación”, al ser el Estado Docente el único que puede imponer los requisitos de ingreso a las universidades, obviando lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Nacional.

Como otra atribución, nada menor, la ley le otorga al Ministerio la competencia para determinar a través del reglamento que a tal efecto se dicte, la naturaleza y composición de la comunidad universitaria y el reglamento de la elección del gobierno universitario (artículo 61).

Lo dispuesto en el artículo 10, numeral 1, artículo 11, artículo 21, numerales 2 y 8, y artículo 23, así como los anteriormente mencionados, otorgan al Ministro de Adscripción la mayor discrecionalidad y hegemonía en la conducción de la gestión universitaria que se encuentra a lo largo de todo el texto legal comentado.

Otros aspectos preocupantes de la ley son:

1. No hay claridad sobre los integrantes de la comunidad universitaria, por ejemplo, a pesar de que los egresados, de acuerdo al artículo 109 de la Constitución, forman parte de ella, e incluso así lo confirma el artículo 61 del proyecto, son excluidos de toda participación electoral, según lo dispuesto en el artículo 79 del mismo proyecto.

2. Se elimina la dedicación a medio tiempo de los profesores universitarios (artículo 76) y se obliga a las universidades a cambiar a los profesores que actualmente tengan esa dedicación a otro tipo (disposición transitoria octava); es decir, a tiempo completo o a tiempo convencional, lo cual podría vulnerar el derecho al trabajo de muchos de esos profesores, bien porque no les interese modificar su carga e ingresos a una dedicación a tiempo distinto al que en la actualidad disfrutan. Además ello conllevaría una carga económica que las universidades no están en la posibilidad de cubrir con el actual presupuesto.

3. El Estado tiene la posibilidad de formular, planificar, coordinar y ejecutar políticas y programas para prevenir la captación de profesionales universitarios, mediante políticas de emigración selectiva aplicada por algunos países, con el fin de salvaguardar el patrimonio intelectual, científico, cultural, artístico y profesional de la República, ya que esta facultad podría atentar contra diferentes derechos humanos de las personas, tales como: La libertad de trabajo (Artículo 87 de la vigente Constitución Nacional “CN”), el libre desenvolvimiento de la personalidad
(Artículo 20 CN), el derecho de libre tránsito, de cambiar de domicilio y
residencia, de ausentarse de la República (Artículo 50 CN).

4. El numeral 3 del artículo 17 y los artículos 69, 70, 71, 73, 75, 76, 79, 91 y 99 de la Ley contienen una nueva denominación para el Personal

Docente, sustituyendo la palabra profesor o profesora por la de trabajador o trabajadora académica. A simple vista pareciera que el cambio de denominación no implica un cambio sustancial en el status académico; sin embargo, analizando la denominación dentro del contexto total de la Ley, donde se evidencia la pérdida de la libertad académica resulta lógico este cambio en virtud de que el Personal Docente ya no cumpliría las labores propias de un profesor o profesora, sino que simplemente se
limitaría a impartir aquello que única y exclusivamente sea acorde con las políticas emanadas del ministerio con competencia en materia de educación universitaria.

5. El Artículo 6, no sólo cambia la denominación de las funciones fundamentales de la universidad, docencia, investigación y extensión por los de formación integral, creación intelectual e interacción con las comunidades, respectivamente, sino que altera su verdadero sentido, alcance y orientación toda vez que direcciona todo su desarrollo hacia la construcción del modelo socialista.

6. El carácter intercultural de la identidad nacional en la educación universitaria excluye del patrimonio de la nación a grupos de personas distintos a los indígenas y afro descendientes, que en la realidad sí forman parte de nuestra identidad nacional, como por ejemplo los grupos humanos de origen europeo, lo cual constituye una discriminación no acorde con la realidad objetiva del país (artículo 4, numeral 9).

7. La organización de las estructuras de decisión, control, evaluación supervisión, tales como Consejo de Transformación Universitaria, Consejos Territoriales, Comités Territoriales, Centros de Estudios Territoriales, entre otros, que a todas luces hacen crecer, sin ningún beneficio, la burocracia universitaria y atentan contra la operatividad y transparencia de los procesos y funcionamiento.

Finalizamos reafirmando que con esta ley no sólo se está violentando el alcance real de la autonomía universitaria, sino que se está liquidando a la universidad como centro para la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, que permite desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática donde el derecho a la educación se fundamenta en el respeto de todas las corrientes del
pensamiento.

En definitiva, se está liquidando a las universidades.

martes, 21 de diciembre de 2010

Creación del Frente de Resistencia Universitaria



Profesores universitarios de varias universidades de la capital (UCV, UNIMET, Católica) nos reunimos en la casa del docente en la Universidad Central de Venezuela (UCV) para formalizar la creación del Frente de Resistencia Universitaria en rechazo a la aprobación de Ley de Educación Superior por parte de la Asamblea Nacional.

Los docentes manifestamos nuestra inconformidad con el instrumento legal que es autoritario, inconstitucional y que atenta contra los valores de autonomía y crecimiento de la vida universitaria.

Una acción de este frente es la constitución de una comisión que llevará las objeciones al proyecto de ley a varias instancias como el legislativo o el poder judicial.

Entre los integrantes de este frente, la rectora de la UCV, García Arocha, aseguró que "esta ley no es más que una imposición de parte de un sector de la sociedad. Incluso la pretenden imponer por encima de las propias bases del chavismo".

Este Frente de Resistencia se ha reunido en más de una oportunidad y ha manifestado su desacuerdo con el proyecto de ley, así mismo, no descarta movilizaciones de calle de aquí al jueves, día en que la Asamblea tiene prevista la aprobación de la nueva ley de universidades.

Acciones inmediatas:

Miércoles 22/12: Rueda de Prensa, 11:00am - IPP UCV AVERU / APUCV / FCU / Ciudadanos por la Unidad / UCAB / FSE
Miércoles 22/12: FlashMob 02:00pm- Metro de Caracas (Plaza Miranda en Millenium Mall) (Est. Expresándose en contra del paquetazo de Leyes)
Miércoles 22/12: 05:00pm / 11:00pm: Twitter - #SOSuniVe
Miércoles 22/12: Canto por la Universidad, 05:00pm - Plaza Brión con presencia de todas las universidades!
Jueves 23/12: Movilización universitaria a las 10 de la mañana en la Plaza del Rectorado de la UCV, hacia la Asamblea Nacional.


Una de las actividades, reseñada en la siguiente imagen, es de la concentración del sábado pasado en la Plaza Brión de Chacaíto. Cabe destacar también que estas reuniones se están realizando en otras universidades de todo el país, respaldadas por el movimiento estudiantil, que no ha dejado la calle.



Por una universidad plural, autónoma y democrática!